El centro afirmó en un comunicado que lo revelado en el informe del periódico israelí Haaretz sobre la detención por parte de la ocupación de unos 1.700 cadáveres de palestinos de la Franja de Gaza para ser utilizados como moneda de cambio en futuras negociaciones, representa una prueba concluyente y una extensión sistemática del crimen de desaparición forzada y una flagrante violación del derecho internacional humanitario.
Explicó que lo que se afirma en el informe israelí refleja solo una parte de una realidad más amplia y compleja en torno al tema de las personas desaparecidas en el sector, y señaló que sus estimaciones indican que hay alrededor de 2.000 personas desaparecidas por la fuerza cuyos rastros se perdieron por completo durante la guerra.
El centro señaló que la crisis se ha agravado debido a la desaparición de miles de palestinos durante operaciones militares, o mientras se dirigían a zonas de espera de ayuda humanitaria, o como consecuencia de encontrarse en zonas bajo control directo israelí.
Explicó que el destino de las personas desaparecidas oscila entre la detención no declarada, la muerte y la retención de los cadáveres en instalaciones israelíes, en medio del secretismo oficial y la retención deliberada de información, lo que agrava el sufrimiento de cientos de familias que viven en un estado prolongado de pérdida y espera.
Señaló que, desde que entró en vigor el alto el fuego en la Franja de Gaza, las autoridades de ocupación han devuelto unos 480 cadáveres en lotes separados, mientras que las autoridades sanitarias de Gaza se vieron obligadas a enterrar 377 de ellos sin identificar a sus propietarios.
Explicó que la imposibilidad de identificar los cuerpos se debía a la negativa de la ocupación a adjuntar cualquier dato o pertenencia personal que pudiera ayudar a identificar a sus propietarios, o a proporcionar informes médicos que aclararan las circunstancias de sus muertes, sus lugares de detención o las fechas de sus fallecimientos.
Añadió que las autoridades sanitarias de Gaza recibieron los cuerpos en condiciones precarias, debido a la desfiguración y a las condiciones de almacenamiento inadecuadas, lo que complicó aún más el proceso de identificación de sus propietarios.
El centro subrayó que la retención de cadáveres, su manipulación y la ocultación de información sobre ellos constituyen una grave violación de los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales, así como de las normas del derecho internacional consuetudinario, que garantizan el derecho de las familias a conocer el destino de sus parientes y obligan a las partes en conflicto a buscar a los fallecidos, respetar sus cuerpos y facilitar su entrega.
Añadió que, según el centro, utilizar cadáveres como moneda de cambio representa una forma de castigo colectivo prohibida por el artículo 33 del Cuarto Convenio de Ginebra, y un ataque a la dignidad personal que puede constituir un crimen de guerra según el Estatuto de Roma.
El centro hizo un llamamiento a la comunidad internacional y al Comité Internacional de la Cruz Roja para que intervengan de inmediato y ejerzan una presión real para obligar a las autoridades de ocupación a revelar las listas de detenidos, los cadáveres y su paradero.
Pidió que se permitiera a los equipos médicos y de derechos humanos acceder a los cuerpos y documentar la identidad de sus propietarios de conformidad con los procedimientos legales, así como la entrega inmediata e incondicional de todos los cuerpos y su entierro digno, de conformidad con el derecho internacional y las consideraciones humanitarias.
El diario Haaretz informó el martes que la ocupación retiene los cuerpos de unos 1.700 palestinos, la mayoría procedentes de la Franja de Gaza, con el objetivo de utilizarlos como moneda de cambio en futuras negociaciones, a pesar de que actualmente no hay prisioneros israelíes.
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