“El caso sigue en curso”, declaró Khan a CNN en una entrevista el fin de semana.
“No hemos tomado ninguna medida para intentar retirar ninguna de esas solicitudes de órdenes de arresto ni las órdenes de arresto en sí mismas, y el equipo continúa investigando esa situación.”
La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto en noviembre de 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su entonces ministro de Guerra, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Gaza desde octubre de 2023.
Desde entonces, Estados Unidos ha impuesto sanciones a la mayor parte de la cúpula del tribunal, incluido el exfiscal jefe Karim Khan, los dos fiscales adjuntos y nueve jueces, entre ellos el presidente del tribunal.
Israel también ha emprendido acciones legales para impugnar las órdenes de detención ante la CPI. Dos apelaciones siguen en curso, incluida una que cuestiona la jurisdicción del tribunal sobre ciudadanos israelíes, dado que Israel no es miembro del tribunal.
Mientras tanto, Middle East Eye ha informado de que la fiscalía ha presentado nuevos casos contra altos funcionarios israelíes en los últimos dos años.
En mayo, MEE informó de que la fiscalía había presentado una solicitud confidencial para que se detuviera al ministro de Finanzas de Israel, Bezalal Smotrich, por crímenes cometidos contra palestinos en la Cisjordania ocupada.
Los cargos incluían el desplazamiento forzado como crimen de guerra y crimen de lesa humanidad, el traslado de la población civil de Israel a territorio ocupado como crimen de guerra, y la persecución y el apartheid como crímenes de lesa humanidad.
También se llevó a cabo una revisión de las pruebas para examinar otras dos solicitudes, incluida una dirigida contra el Ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir.
Las declaraciones de Khan se produjeron en medio de una creciente campaña del gobierno del presidente Donald Trump contra el tribunal con sede en La Haya.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció en julio que Washington utilizaría todas las herramientas a su alcance para "desmantelar la CPI, ladrillo a ladrillo, si fuera necesario", al tiempo que instaba a los Estados miembros a retirar su apoyo a la institución.
En otras declaraciones a la prensa, Rubio también describió al tribunal como una "organización estúpida" dirigida por "lunáticos y locos", y advirtió que enfrentaría consecuencias por intentar ejercer jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses.
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