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El documento confidencial clasificado muestra un claro esfuerzo por garantizar una inmunidad legal integral para los miembros del consejo, sus fuerzas internacionales y sus contratistas, impidiendo que sean procesados o arrestados dentro del sector.
El borrador otorga a los miembros del Consejo Ejecutivo, la Oficina del Alto Representante y las fuerzas involucradas en la reconstrucción una exención total de comparecer ante los tribunales locales de Gaza. Asimismo, otorga al Presidente del Consejo, Donald Trump, la autoridad exclusiva para levantar la inmunidad de cualquier persona, siempre que la mayoría de los siete miembros del Consejo Ejecutivo lo aprueben, consolidando así el poder de decisión legal en manos de la cúpula dirigente.
El consejo incluye a figuras del círculo íntimo de Trump, como Jared Kushner y Steve Witkopf, junto con Suzy Wilms y Marco Rubio, una formación que refleja una tendencia a reforzar el control político y de seguridad sobre la administración de Gaza en la fase posterior a la guerra.
Las disposiciones del documento van más allá del ámbito de la inmunidad e incluyen la concesión al ayuntamiento y a sus fuerzas del derecho a utilizar gratuitamente los edificios e instalaciones públicas del sector.
Los expertos legales advierten que este texto podría abrir la puerta a la confiscación de bienes públicos o privados sin el consentimiento de sus propietarios ni la correspondiente indemnización, en ausencia de un marco legal regulado.
Sobre el terreno, diversas fuentes informaron de que el Alto Representante del Consejo Diplomático Búlgaro, Nikolay Mladenov, está celebrando reuniones en El Cairo con funcionarios palestinos elegidos por el Consejo para ultimar los preparativos organizativos y logísticos necesarios para comenzar a trabajar en el sector, a pesar de que el proyecto de inmunidad aún no se ha presentado a la parte palestina.
El borrador establece un sistema jurídico independiente, libre de supervisión externa y de la aplicación de las normas del derecho internacional, lo que ha suscitado críticas generalizadas entre los expertos en derecho internacional.
La abogada Emily Shaffer Omarman consideró que el documento era un intento flagrante de eludir la rendición de cuentas, advirtiendo de los graves riesgos que se producirían en caso de violaciones o incidentes que afectaran a la población civil durante la ejecución de los proyectos de reconstrucción.
Según los contratistas participantes, los planes del consejo indican la intención de establecer una base militar para fuerzas internacionales y centros logísticos en ubicaciones estratégicas dentro del sector.
