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Las sanciones son la última medida adoptada por la administración del presidente Donald Trump contra el tribunal, como parte de su intento de obstaculizar el enjuiciamiento de funcionarios israelíes por su participación en el genocidio contra los palestinos.
Congelación de activos, embargo financiero y prohibición de entrada
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Akane y C. en su lista de sanciones, congelando cualquier activo o interés financiero que puedan tener en Estados Unidos o bajo su jurisdicción, y prohibiendo a personas y entidades estadounidenses realizar transacciones financieras o comerciales con ellos. Las medidas también incluyen la prohibición de su entrada a Estados Unidos.
Las restricciones financieras tienen repercusiones que van más allá de Estados Unidos, ya que las instituciones financieras internacionales están estrechamente vinculadas al sistema bancario estadounidense y al dólar. Por lo tanto, las sanciones no solo afectan a sus activos dentro de Estados Unidos, sino que también pueden dificultar su acceso a servicios financieros y transacciones que se realizan a través del sistema financiero estadounidense.
Estas medidas forman parte de una campaña más amplia lanzada por la administración Trump contra el tribunal, que anteriormente ha atacado a sus funcionarios y jueces, así como a organizaciones de derechos humanos colaboradoras, debido a las investigaciones del tribunal sobre ciudadanos y funcionarios estadounidenses e israelíes. Washington también ha declarado su negativa a cooperar con el tribunal en casos que involucren a estadounidenses.
¿Por qué Washington puso en el punto de mira a Akane y C.?
Tomoko Akane es la presidenta de la Corte Penal Internacional, mientras que Abdoulaye Sy trabaja en el equipo de la fiscalía que ha participado en los casos de la corte relacionados con Israel.
Su castigo se produce en medio de la campaña que Washington mantiene contra el tribunal desde que este emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, por su presunta participación en crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en la Franja de Gaza.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reconoció que los funcionarios investigados habían participado en los esfuerzos del tribunal para investigar a funcionarios de gobiernos que no estaban de acuerdo con su jurisdicción, alegando que el tribunal era corrupto, politizado y que se extralimitaba en sus funciones.
Con absoluta audacia, la administración estadounidense declara que su medida tiene como objetivo proteger la soberanía de Estados Unidos e impedir que el tribunal ejerza su jurisdicción sobre ciudadanos y funcionarios estadounidenses o funcionarios de países aliados de Washington.
El tribunal: Las sanciones amenazan el estado de derecho.
La Corte Penal Internacional rechazó las sanciones estadounidenses, afirmando que socavan el estado de derecho y atentan contra la independencia de la justicia internacional.
Hizo hincapié en que la presión ejercida sobre jueces y fiscales debido a sus funciones judiciales amenaza el sistema jurídico internacional, pero al mismo tiempo recalcó que continuaría desempeñando sus funciones con independencia e imparcialidad.
Este enfrentamiento se produce en un momento en que el tribunal se enfrenta a una creciente presión política por sus casos relacionados con Israel, después de que emitiera órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant, además de sus procesamientos en otros casos, incluidas las guerras en Ucrania y Afganistán.
Reacciones
La decisión estadounidense provocó reacciones y condenas por parte de Japón, que expresó su rechazo a las sanciones de Estados Unidos. El Ministerio de Asuntos Exteriores japonés calificó la decisión de «muy lamentable» y recalcó el continuo apoyo de Tokio a la Corte Penal Internacional y a sus esfuerzos por enjuiciar a los autores de los crímenes internacionales más graves y por establecer el estado de derecho.
La postura japonesa reviste especial importancia porque Akane es ciudadana japonesa y porque Tokio ha sido uno de los principales defensores de la Corte desde su adhesión al Estatuto de Roma en 2007. Japón es también uno de los mayores contribuyentes al presupuesto de la Corte y uno de los países que subraya la importancia de su independencia frente a las presiones políticas.
Los Países Bajos se niegan a presionar al tribunal.
Los Países Bajos, país anfitrión del tribunal de La Haya, expresaron su rechazo a las sanciones estadounidenses, reafirmando su apoyo al tribunal y su capacidad para desempeñar sus funciones de forma independiente.
La postura holandesa coincide con la afirmación del tribunal de que la independencia de la justicia internacional no debe estar sujeta a presiones ni a medidas punitivas a causa de las decisiones judiciales que emite.
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