Albanese recalcó que su decisión se basaba en el principio de rechazar la normalización de relaciones con entidades que se benefician de los asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania, explicando que la empresa patrocinadora contribuye directamente a apoyar un sistema económico que perpetúa la ocupación, la anexión y el desplazamiento forzado de los palestinos de sus tierras.
Albanese no fue el único en adoptar esta postura; el profesor Eyal Weizman, destacado arquitecto e intelectual, también anunció su retirada del festival en solidaridad con estos principios. Weizman es profesor de culturas espaciales en Goldsmiths, Universidad de Londres, y es conocido por su activismo académico contra las políticas de ocupación.
El Festival de Hay se está celebrando actualmente en Hay-on-Wye, Gales, Reino Unido, y se extenderá hasta finales de mayo. El festival está considerado uno de los eventos culturales y literarios más importantes del mundo, por lo que la retirada de figuras destacadas de los derechos humanos es motivo de preocupación internacional.
La relatora especial de la ONU subrayó en una publicación en la plataforma X que los valores humanos son indivisibles y no pueden estar condicionados a circunstancias específicas. Afirmó que el silencio ante las violaciones no debe ser el precio de la comodidad ni del prestigio cultural, y consideró la retirada como un grito de protesta contra el continuo apoyo a los asentamientos.
Los datos oficiales del festival muestran que Airbnb está asociado al evento como socio estratégico y patrocinador oficial, un hecho que ha generado críticas por parte de defensores de los derechos humanos. La empresa enfrenta constantes críticas internacionales por ofrecer propiedades ubicadas en asentamientos construidos sobre tierras palestinas robadas.
Esta postura coincide con el ritmo acelerado de la actividad de asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este desde que el actual gobierno de ocupación israelí asumió el poder a finales de 2022. Los informes indican una expansión sin precedentes de los asentamientos, lo que constituye una clara violación del derecho internacional.
Las estadísticas indican que hay aproximadamente 750.000 colonos israelíes repartidos en cientos de asentamientos y puestos avanzados por toda Cisjordania. De ellos, cerca de un cuarto de millón residen en Jerusalén Este ocupada, lo que complica aún más las perspectivas de un Estado palestino geográficamente contiguo.
La expansión de los asentamientos estuvo acompañada de una escalada de violencia sobre el terreno por parte del ejército de ocupación y los colonos, incluyendo la demolición generalizada de estructuras y medios de subsistencia palestinos. Según los observadores, estas medidas buscan imponer una nueva realidad que allane el camino para la anexión formal de Cisjordania a la soberanía israelí.
En un hecho relacionado, un informe de la Comisión de Resistencia al Muro y los Asentamientos reveló que la ocupación israelí llevó a cabo decenas de demoliciones tan solo el mes pasado. Estas demoliciones tuvieron como objetivo viviendas habitadas e instalaciones agrícolas en las gobernaciones de Jerusalén, Ramala y Belén, desplazando a decenas de familias.
