❞alquds.news│Este plan pretende esencialmente "salvar" la ocupación israelí, rehabilitarla y promocionarla. También pretende legitimar la ocupación, la tutela internacional, la erradicación de la resistencia palestina y la eliminación de la causa palestina.
El presidente estadounidense, Donald Trump, junto con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (requerido por la Corte Penal Internacional), anunció un nuevo plan para poner fin a la guerra en curso en la Franja de Gaza. A pesar de los glamorosos títulos del plan, como "coexistencia pacífica", "reconstrucción" y "poner fin al sufrimiento civil", una lectura atenta de sus disposiciones revela claramente que se trata de una respuesta casi completa a las demandas de la ocupación y un total desprecio por la existencia del pueblo palestino, sus derechos legítimos y sus reivindicaciones nacionales.
Desde el principio, el plan (que se deriva esencialmente del plan de Blair para gobernar Gaza) se basó en la premisa de que el problema reside en Gaza, su gente y su resistencia, no en la ocupación en sí, los crímenes cometidos contra civiles ni el genocidio perpetrado durante los últimos dos años contra los ciudadanos palestinos de la Franja de Gaza. Esto lo convierte más en un intento de acabar por completo con la causa de un pueblo e imponer la rendición total, camuflada bajo una cobertura humanitaria y económica, que en una iniciativa de solución justa y equilibrada.
¿Cuáles son las características más importantes del plan?
El plan propuesto se basa en un conjunto de disposiciones clave. La primera de estas disposiciones es un cese temporal de las operaciones militares durante 72 horas a partir del momento en que Israel anuncie públicamente su aceptación del plan. Se trata de un cese condicional y por tiempo limitado, a cambio de la liberación de todos los prisioneros israelíes vivos y la devolución de los cuerpos de los fallecidos. Esto se complementa con otra disposición relativa al intercambio de prisioneros y cadáveres, ya que Israel se comprometió a liberar a aproximadamente 2.000 prisioneros palestinos, incluidos 250 presos que cumplen cadena perpetua, a cambio de la devolución de los prisioneros israelíes.
En materia de seguridad, el plan hace hincapié en el desarme de Hamás y otras facciones palestinas, así como en la destrucción de su infraestructura militar, a la vez que proporciona un paso seguro para quienes deseen abandonar la Franja de Gaza. Esto refleja la esencia del enfoque israelí-estadounidense para eliminar la resistencia y despojarla de cualquier capacidad futura.
En la misma línea, el plan incluye el establecimiento de un consejo internacional para gobernar Gaza, denominado "Consejo de Paz", presidido por Trump y copresidido por el exenviado británico Tony Blair. Su misión sería formar un gobierno de transición compuesto por figuras palestinas y otros tecnócratas, y gestionar el proceso de reconstrucción.
Esto implica una dimensión de seguridad adicional, a saber, el despliegue de una fuerza de estabilización internacional para supervisar la seguridad interna y capacitar a una fuerza policial palestina que sea responsable de la seguridad a largo plazo.
En el ámbito humanitario, el plan estipula la entrada de cantidades masivas de ayuda humanitaria, pero de acuerdo con un mecanismo político y de seguridad vinculado a zonas designadas como "libres de terrorismo". Esto significa que la entrega de la ayuda estará sujeta a cálculos condicionales, en lugar de consideraciones puramente humanitarias.
En el ámbito económico, el plan se promovió como una vía para la reconstrucción de Gaza mediante un proyecto económico a gran escala que incluye el establecimiento de una zona económica especial e inversiones regionales e internacionales. Sin embargo, todas estas disposiciones se formularon en ausencia total de un compromiso claro con el fin de la ocupación o con el establecimiento de un Estado palestino soberano. Netanyahu declaró posteriormente que el plan no incluye la aprobación del establecimiento de un Estado. El propio Trump no dudó en enfatizar su comprensión de la oposición explícita de Netanyahu al establecimiento de un Estado palestino.
Todos estos elementos revelan que el plan no busca abordar las raíces del conflicto ni lograr justicia para el pueblo palestino, sino más bien pretende reformular la ocupación a través de medios más suaves y establecer acuerdos políticos y de seguridad que aseguren el continuo control israelí-estadounidense sobre la Franja de Gaza en la fase de posguerra.
¡Negar la existencia palestina!
El aspecto más objetable de este plan es la disposición que establece el llamado "Consejo de Paz", un organismo internacional para gobernar Gaza, presidido directamente por el presidente estadounidense y con la participación de una figura controvertida como Tony Blair. Este acuerdo no se presenta como una mediación neutral, sino que constituye una flagrante negación del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y el establecimiento de una tutela internacional desde arriba que impone acuerdos de gobernanza, económicos y de seguridad al margen de la voluntad nacional.
Aunque el marketing político describe esta fórmula como una "fase de transición", en esencia reproduce la ocupación, pero bajo una forma institucional suave que opera bajo la supervisión de Estados Unidos y sus aliados.
Si bien la ocupación militar directa suele encontrarse con rechazo explícito y resistencia legítima, la ocupación "institucional", camuflada tras la retórica de la ayuda y la gobernanza, puede ser más peligrosa. Esta ocupación se infiltra en la conciencia internacional como una opción "razonable" o "realista", mientras que, en realidad, priva a los palestinos de las herramientas de acción política y vacía su existencia de significado. Lo que ocurre aquí es inseparable de las nociones profundamente arraigadas del discurso de la extrema derecha sionista, que no reconoce en absoluto la existencia de los palestinos ni sus derechos, viéndolos como un obstáculo que debe eliminarse mediante la expulsión o el asesinato, sin una tercera opción.
En este sentido, el plan se entrelaza con las raíces del proyecto sionista desde Balfour y las posteriores narrativas falsas basadas en la negación de que esta tierra tenga un pueblo arraigado. Es una reproducción de la mentalidad genocida, pero en formas más modernas y políticamente astutas. Se presenta como una iniciativa "humanitaria" para la gestión de la posguerra, cuando en realidad es una extensión de la misma política basada en la eliminación, la negación y el reemplazo.
Los alimentos y las medicinas son una herramienta de chantaje político.
La descripción exagerada del flujo de "ayuda inmediata" es uno de los principales (y engañosos) recursos retóricos del plan, pero rápidamente se convierte en una clara estratagema política cuando la continuación y expansión de este flujo se condicionan al cumplimiento por parte de Hamás u otros de condiciones políticas y de seguridad específicas que nada tienen que ver con las necesidades humanitarias de la población civil. Vincular alimentos, medicamentos, agua y refugio a criterios de categorización vagos y evasivos como "zonas libres de terrorismo" silencia las voces de los principios fundamentales de la acción humanitaria y transforma lo que se supone es un derecho humanitario urgente e innegociable en una devolución negociada, distribuida o retenida por un donante con base en cálculos políticos.
Esta vinculación no solo viola principios éticos, sino que también contradice directamente los principios del derecho internacional humanitario, que afirma que privar deliberadamente a la población civil de bienes esenciales o condicionar su acceso a ellos a condiciones políticas constituye un castigo colectivo y un método de guerra. La acción humanitaria profesional se adhiere a los cuatro principios de humanidad, neutralidad, independencia y no discriminación. Por lo tanto, transformar la ayuda en una herramienta de presión socava estos principios y, en esencia, convierte a los trabajadores humanitarios en instrumentos de influencia para la potencia ocupante, en lugar de un recurso vital incondicional para quienes lo necesitan.
Desde una perspectiva política, considerar los alimentos, las medicinas, el agua y la ayuda como moneda de cambio significa repetir las políticas de hambruna que la ocupación practicó abiertamente durante los años del bloqueo previos a la guerra de exterminio, seguidas del uso extensivo de la hambruna como arma de guerra para aniquilar Gaza. Por lo tanto, transformar la entrada de alimentos y medicinas en un medio de chantaje político constituye participar en la agresión contra el pueblo palestino y en la guerra de exterminio perpetrada por Israel contra él. Impone responsabilidad legal y moral a todos aquellos que legitiman o participan en esta agresión. Por lo tanto, las justas demandas palestinas e internacionales deben ser claras: el acceso a los alimentos, las medicinas, el agua y la ayuda debe ser incondicional, y cualquier parte que intente convertir la ayuda en un arma política debe rendir cuentas de inmediato.
¡Muchas caras...una sola ocupación!
Uno de los pilares del plan es la exigencia de desarmar a la resistencia palestina y desmantelar su infraestructura militar. Esta exigencia es, en la práctica, una extensión directa de la propia guerra, no una solución. La pregunta simple y fundamental es: ¿Quién definirá qué constituye una infraestructura militar? ¿Quién determina los límites entre lo civil y lo militar en un sector que presenció el bombardeo de docenas de hospitales, escuelas, universidades, mezquitas e iglesias durante la guerra, donde los civiles se convirtieron en blancos diarios? La experiencia de los últimos años demuestra que la ocupación, con apoyo político y militar externo, siempre posee la capacidad de inventar "justificaciones" para considerar cualquier lugar o grupo una amenaza. Esto hace que cualquier cláusula que restrinja el desarme a pretextos de seguridad sea impráctica y neutral.
Esta situación refleja una visión israelí-estadounidense que considera la existencia palestina como una amenaza para la seguridad que debe eliminarse de la ecuación, por no hablar de sus armas. Esta perspectiva ignora la verdadera fuente de la amenaza: la continua ocupación y su agresión diaria contra el pueblo palestino. La resistencia, en un contexto histórico que se remonta a la Nakba, surgió como respuesta a la ocupación y a la ausencia de derechos y garantías políticas. En consecuencia, privar a los palestinos de cualquier medio de autoprotección en un vacío político y de seguridad, sin garantías para poner fin a la ocupación y sin obligaciones políticas reales, significa privarlos de cualquier capacidad básica para hacer frente a la continua agresión contra ellos.
La experiencia histórica también demuestra que confiar en las "garantías internacionales" siempre ha sido una apuesta perdedora. Estas garantías se convierten rápidamente en declaraciones verbales y promesas temporales, carentes de mecanismos reales de ejecución o rendición de cuentas, mientras que la ocupación sigue libre para cometer sus crímenes. La pregunta fundamental aquí es: ¿Quién debe ser desarmado? ¿La ocupación, que practica el genocidio y está siendo perseguida por acusaciones internacionales, o la resistencia, que surgió únicamente en defensa de la tierra, el pueblo y el derecho a la supervivencia?
Además, el plan propone desplegar una "fuerza internacional de estabilización" y entrenar una fuerza policial alternativa. Esta formulación, a pesar de estar encubierta en el lenguaje de la administración internacional y la neutralidad, establece una nueva presencia militar extranjera sobre el terreno que, en la práctica, no deja de ser una ocupación. La experiencia internacional reiterada demuestra que dichas fuerzas se emplean para proteger los intereses regionales e internacionales más que a la población civil, y que el entrenamiento de las fuerzas de seguridad locales suele explotarse para construir aparatos de seguridad subordinados a una agenda extranjera.
Además de la ausencia de un calendario claro para la retirada de las fuerzas de ocupación israelíes o una transferencia definitiva de autoridad, la falta de plazos y plazos legales propicia una prolongada postergación, durante la cual la "presencia internacional temporal" se hace realidad. En lugar de servir como mecanismo para poner fin a la ocupación, se convierte en un medio para perpetuarla. Esto convierte al plan, por la lógica de sus disposiciones y acuerdos, en un mecanismo para perpetuar la ocupación bajo una nueva forma institucional, más astuta y mucho más peligrosa, ya que se presenta al mundo como una solución "razonable" al tiempo que menoscaba derechos y socava la soberanía palestina.
Excluyendo a los palestinos y privándolos de sus derechos
Uno de los problemas más graves es que este plan se formuló enteramente mediante consenso entre Washington y la entidad ocupante, sin ninguna participación palestina real. De hecho, el propio Trump declaró que no se otorgaría a la Autoridad Palestina un papel directo antes de implementar "reformas internas" y que Hamás "no formará parte del gobierno".
Esto simplemente significa que se ha excluido a los palestinos de la definición de su futuro y que se invita a los países árabes e islámicos a participar en un proyecto que no ofrece garantías reales para los derechos palestinos. Esto convierte la aceptación de este plan por parte de cualquier partido árabe o islámico en una práctica alianza para imponer una tutela internacional sobre Gaza, ignorando el principio de que solo el pueblo palestino tiene derecho a la autodeterminación.
A pesar de que Trump habló de un "horizonte político" para la coexistencia pacífica, enfatizó su comprensión de la oposición categórica de Netanyahu al establecimiento de un Estado palestino. Esto significa que el plan no incluye ningún compromiso claro con la vía hacia un Estado independiente, sino que vincula el asunto a un futuro incierto que depende de la "reforma exitosa de la Autoridad Palestina". Así, las aspiraciones nacionales palestinas quedan suspendidas indefinidamente, mientras se imponen acuerdos económicos y de seguridad, cuyas señales son evidentes en las bandas y milicias colaboracionistas que la ocupación ha comenzado a armar e intenta empoderar en algunos barrios de la Franja de Gaza para llevar a cabo su trabajo sucio, restableciendo así el control israelí.
Así, esta formulación revela claramente el objetivo estratégico de superar la ola de simpatía internacional hacia los palestinos y eludir el creciente reconocimiento de su condición de Estado imponiendo una nueva realidad que margina la idea de independencia política en favor de acuerdos de seguridad económica temporales que podrían durar décadas.
Rescate político para Israel y Netanyahu
Políticamente, el plan Trump-Netanyahu es inseparable de las necesidades internas de ambas partes: es, en esencia, un salvavidas para Israel, que se ha visto manchado a nivel mundial, y un salvavidas para el criminal de guerra Netanyahu. A nivel internacional, llega en un momento en que Israel se enfrenta a un aislamiento sin precedentes, a protestas masivas globales que exigen el fin de la ocupación, la rendición de cuentas y el enjuiciamiento de los líderes israelíes, y a una creciente presión de organizaciones de derechos humanos y de las élites intelectuales, artísticas y políticas en la misma línea. Sin embargo, el plan presenta el panorama opuesto: en lugar de que el gobierno de Netanyahu enfrente las consecuencias de sus crímenes, se le ofrece un acuerdo que le permite restaurar logros tangibles a nivel nacional (la devolución de prisioneros, el desarme de la resistencia, una retirada gradual sin compromisos finales) y luego reconocer públicamente que "se han alcanzado los objetivos" sin tener que soportar las consecuencias de la guerra de exterminio en Gaza.
En cuanto a Trump, busca restablecer una narrativa de liderazgo en política exterior: ser quien ofrezca una "solución" y se reposicione como un actor clave en Oriente Medio. Para ambos, el plan ofrece resultados mediáticos y políticos rápidos y movilizables, al tiempo que deja sin abordar cuestiones fundamentales como la soberanía, la justicia y la rendición de cuentas de los perpetradores.
Posibles soluciones
Los palestinos han frustrado previamente docenas de proyectos similares, basándose en falsas promesas y acuerdos económicos y de seguridad encubiertos. Todas las partes deben comprender que la verdadera solución reside en la unidad palestina, que rechaza la tutela, exige el fin de la ocupación como condición previa e implementa las resoluciones internacionales que reconocen la existencia palestina y sus derechos a su tierra y lugares sagrados. Además, ofrece una solución palestino-palestina para gobernar Gaza que garantiza la soberanía, la dignidad y los derechos.
La lógica política, jurídica y moral confirma que cualquier camino hacia una solución justa y sostenible no puede pasar por la tutela internacional impuesta a Gaza, sino por un compromiso explícito de detener la agresión, levantar el bloqueo de inmediato y retirarse por completo de los territorios palestinos ocupados. Solo entonces la reconstrucción tendrá un verdadero significado, en lugar de reducirse a un proyecto de inversión condicional al servicio de los intereses de terceros.
