El Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos confirmó en un comunicado que Israel está implementando una política integral para desmantelar la cadena de suministro desde el momento en que los bienes y la ayuda ingresan a través de los cruces fronterizos hasta que llegan a la población. El paso de camiones a la Franja de Gaza, cuando se les permite hacerlo, no garantiza que su carga llegue a quienes la necesitan, dada la destrucción o interrupción del sistema de transporte, almacenamiento y distribución.
El presidente de la Asociación de Transporte Privado de la Franja de Gaza, Nahed Sheheiber, explicó en su declaración al Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos que, antes del inicio del genocidio israelí, la Franja de Gaza contaba con una flota de aproximadamente 1200 camiones que cubrían las necesidades de la población en cuanto a alimentos, medicinas, combustible, forraje, materiales de construcción y otros bienes básicos. Sin embargo, solo unos 400 camiones sobrevivieron a los bombardeos y la destrucción israelíes, y alrededor de 100 quedaron fuera de servicio debido a la prohibición de entrada de repuestos, neumáticos, aceites y baterías. Esto significa que el número de camiones actualmente operativos no supera los 300, lo que representa apenas el 25 % de la flota anterior.
El Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos afirmó que la prohibición arbitraria y total impuesta por Israel a la entrada de materiales de mantenimiento necesarios puso en riesgo de paralización al resto de la flota. Los trabajadores se vieron obligados a desmantelar camiones averiados y utilizar sus piezas para mantener en funcionamiento otros camiones. Mientras tanto, el costo de cambiar el aceite de un solo camión aumentó de unos 450 séqueles, o aproximadamente 150 dólares, antes de la guerra a unos 100 000 séqueles, o aproximadamente 33 000 dólares, en la actualidad, en medio de una grave escasez de materiales operativos, ya que el precio de un kilogramo de petróleo, si es que se podía encontrar, alcanzó los 1100 dólares.
El Observatorio Euromediterráneo señaló que esta prohibición interrumpe el principal medio de transporte de alimentos, medicinas y combustible para todos los residentes del sector, cuya infraestructura y métodos de producción locales han sido destruidos en gran medida por Israel, y cuyos residentes se han vuelto casi totalmente dependientes de la ayuda y los suministros provenientes del extranjero.
Según los datos recabados sobre el terreno, los ataques israelíes destruyeron o inutilizaron más de 150 camiones mientras realizaban sus funciones, especialmente en las carreteras que conducen al cruce de Kerem Abu Salem y sus alrededores, y causaron la muerte de más de 20 conductores, cuatro de ellos desde el alto el fuego de octubre de 2025, además de la detención de otros 15, algunos de los cuales llevan detenidos cerca de dos años.
El Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos indicó que varios de los conductores atacados o detenidos trabajaban en convoyes coordinados y notificados con antelación a través de la ONU y organizaciones internacionales, como el Programa Mundial de Alimentos y la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Esto confirma que las autoridades israelíes conocían sus identidades, la naturaleza de sus tareas y sus rutas de desplazamiento. Al mismo tiempo, el Observatorio subrayó que las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional humanitario se mantienen vigentes independientemente de estas coordinaciones. Dichas obligaciones incluyen abstenerse de atacar a civiles y bienes civiles, respetar y proteger a los trabajadores humanitarios y los medios de transporte que utilizan, adoptar todas las precauciones posibles para evitarles los efectos de las operaciones militares y permitir y facilitar el paso rápido y sin obstáculos de la ayuda humanitaria.
El Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos confirmó que la destrucción de las sedes y almacenes de las empresas de transporte, que suman alrededor de 150, junto con la falta de almacenes seguros e instalaciones de refrigeración, ha provocado el desmantelamiento de la infraestructura logística necesaria para la conservación y distribución de materiales. La demora en el transporte de un solo envío, que oscila entre 24 y 72 horas, la lentitud en la inspección y las averías de los camiones, conllevan el deterioro y la destrucción de grandes cantidades de alimentos congelados, medicamentos y materiales básicos antes de que lleguen a sus destinatarios.
Según información obtenida por el Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos, las fuerzas israelíes detienen deliberada y repetidamente a los camioneros en los puestos de control militares y dentro del paso fronterizo de Kerem Abu Salem, los obligan a desnudarse y los someten a palizas severas y humillaciones, a pesar de haber obtenido previamente la autorización de seguridad para trabajar y entrar en esas zonas.
El Observatorio Euromediterráneo también documentó otra ruta que provocó la interrupción del tráfico de decenas de camiones que habían entrado recientemente en la Franja de Gaza. Tras la entrada de unos 100 camiones mediante acuerdos comerciales especiales, se constató que estos tenían restricciones de propiedad y derechos de garantía registrados a favor de bancos israelíes, lo que permite su confiscación al llegar a los cruces fronterizos. Veintitrés camiones ya habían sido confiscados, lo que llevó a los operadores de los camiones restantes a detenerlos por temor a perderlos.
Hizo hincapié en que contar únicamente el número de camiones que cruzan los pasos fronterizos da una imagen engañosa de la magnitud de la ayuda, porque el criterio real es la cantidad de bienes que llegan a la población de forma segura y regular en todas las zonas del sector, de modo que la ayuda no puede considerarse disponible mientras su carga permanezca atascada, dañada o no pueda transportarse a las zonas donde se concentran el hambre y la necesidad.
El Observatorio Euromediterráneo recordó la advertencia de Justin Brady, jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Palestina, de que la Franja de Gaza se enfrenta a una emergencia alimentaria que podría derivar en la Fase 5 de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria si disminuye el flujo de ayuda. Este es el nivel más alto de clasificación e indica, a nivel familiar, una grave escasez de alimentos que pone en peligro la vida de las personas. Una zona se clasifica como en estado de hambruna cuando estas condiciones son generalizadas y, además, se superan los umbrales establecidos para la malnutrición y la mortalidad.
“Según el análisis, basado en un trabajo técnico en el que participaron más de 60 expertos de 20 organizaciones, junto con una evaluación científica de las condiciones circundantes y estudios de campo relacionados con la seguridad alimentaria, se prevé que más de 1,4 millones de personas, o el 67% de la población de la Franja de Gaza, se enfrenten a niveles de crisis o peores que la inseguridad alimentaria aguda durante el período de julio a diciembre de 2026, en comparación con aproximadamente 1,6 millones de personas, o el 77% de la población, a finales del año pasado, cuando Israel impuso una política de hambruna masiva que causó la muerte de civiles”, dijo Brady durante una conferencia de prensa celebrada en Ramallah el 3 de agosto de 2026.
Según el análisis, aproximadamente 212.000 personas, es decir, cerca del 10 % de la población, permanecerán en la fase cuatro de emergencia alimentaria, la etapa previa a la fase cinco, la más grave. Muchas de ellas residen cerca de las zonas controladas por Israel, a lo largo de la denominada "línea amarilla", donde el acceso a la ayuda humanitaria y a los servicios básicos es limitado. Se prevé que las gobernaciones de Gaza Norte, Gaza, Deir al-Balah y Khan Younis se enfrenten a un nivel de malnutrición de "alerta" (fase dos), mientras que algunas zonas adyacentes a la línea amarilla no pudieron clasificarse debido a la imposibilidad de acceso de los equipos de evaluación.
El análisis revela que aproximadamente el 83% de los hogares no tienen ninguna fuente de ingresos, y que cerca de 1,9 millones de personas, o el 90% de la población, habrían enfrentado la Fase 3 o una situación peor sin asistencia alimentaria para diciembre de 2026. Esto significa que la mejora relativa registrada no representa una recuperación en la capacidad de la población para producir o comprar alimentos, sino que es un resultado directo de la asistencia, y que cualquier interrupción, por mínima que sea, en su entrada, transporte o distribución podría revertir rápidamente esta mejora.
Señaló que la comparación con los datos del año pasado y su final confirma que la situación humanitaria en el sector sigue siendo extremadamente peligrosa, y que cualquier disminución en el volumen de ayuda proporcionada conducirá a un rápido y grave deterioro de la situación humanitaria, dada la continua fragilidad de las condiciones de vida que sufren los residentes de Gaza.
Explicó que Israel, como potencia ocupante, está obligado, en virtud de los artículos 55 y 59 del Cuarto Convenio de Ginebra, a garantizar el suministro de alimentos y suministros médicos a la población cuando los recursos del territorio sean insuficientes, y a aprobar y facilitar los planes de socorro por todos los medios disponibles. El derecho internacional humanitario consuetudinario también exige que Israel permita y facilite el paso rápido y sin obstáculos de la ayuda humanitaria. Esta obligación abarca la transferencia y distribución efectiva de suministros a la población civil, y no solo permitir su entrada a través de los cruces fronterizos.
El Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos subrayó que Israel está violando estas obligaciones al destruir deliberadamente la capacidad logística necesaria para el transporte de alimentos y medicinas, e impedir su reparación o sustitución, a pesar de tener conocimiento del estado de hambruna, la propagación de enfermedades y la dependencia casi total de la población de la ayuda, lo que constituye un eslabón adicional en el genocidio israelí en curso en la Franja de Gaza.
Afirmó que el sistema de transporte se ha convertido en un componente directo de la supervivencia de la población ante la propagación de enfermedades y la desnutrición, el colapso de las oportunidades laborales y las fuentes de ingresos, la destrucción de tierras agrícolas, ganado e instalaciones de producción de alimentos, y la interrupción de la pesca, lo que ha mermado las fuentes locales de alimentos y privado a la gran mayoría de la población de la capacidad de adquirir lo que necesita, y ha convertido el acceso a alimentos y medicinas del extranjero en una condición para su supervivencia.
Subrayó que Israel no puede alegar desconocimiento de estos hechos ni de sus consecuencias; controla los cruces fronterizos y las rutas de suministro, y recibe constantemente notificaciones y advertencias sobre el hambre, las enfermedades y la dependencia casi total de la ayuda humanitaria. Sin embargo, a pesar de ello, continúa destruyendo los medios de transporte de alimentos y medicinas e impidiendo su reparación o reposición. Hizo hincapié en que este comportamiento constituye el elemento material del genocidio, que consiste en someter deliberadamente a los palestinos a condiciones de vida que los privan de los medios de supervivencia y que tienen como objetivo su destrucción física, total o parcial. La intención específica se manifiesta en la insistencia de Israel en imponer estas condiciones una vez que se han constatado sus efectos y se ha demostrado su conocimiento de ellos, dentro de un patrón más amplio de actos de genocidio y declaraciones de funcionarios israelíes que indican la intención de destruir a los palestinos en la Franja de Gaza.
Hizo hincapié en que la prohibición de dejar morir de hambre a los civiles es un principio bien establecido del derecho internacional humanitario, y que privarlos deliberadamente de objetos y materiales indispensables para su supervivencia, incluida la obstrucción deliberada de los suministros de ayuda, puede constituir un crimen de guerra en virtud del artículo 8(2)(b)(25) del Estatuto de Roma, recordando que la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional había encontrado anteriormente motivos razonables para creer que la denegación de alimentos, agua y medicinas en la Franja de Gaza constituía el uso del hambre como método de guerra.
Añadió que los camiones comerciales y civiles siguen estando protegidos como bienes civiles, salvo que, en cada caso particular, cumplan los estrictos criterios para ser considerados objetivos militares según el derecho internacional humanitario. Los conductores y camiones que participan en operaciones de ayuda humanitaria gozan de protección especial, y atacarlos deliberadamente, estando protegidos como civiles y bienes civiles, constituye un crimen de guerra según el artículo 8(2)(b)(3) del Estatuto de Roma.
El Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos señaló que estas acciones también representan una continuación del incumplimiento por parte de Israel de las medidas provisionales vinculantes emitidas por la Corte Internacional de Justicia en 2024, en particular sus órdenes de garantizar la prestación de servicios básicos y asistencia humanitaria a gran escala y sin obstáculos, y de aumentar la capacidad y el número de pasos fronterizos y mantenerlos abiertos.
El Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que adopte medidas inmediatas y vinculantes para poner fin al genocidio israelí en curso, detener todas las hostilidades, levantar el bloqueo total e ilegal impuesto a la Franja de Gaza, garantizar la libre circulación de personas y mercancías, y restablecer el acceso de la población a alimentos, agua, medicinas y medios de subsistencia sin estar sujeta a decisiones israelíes caprichosas.
Hizo un llamamiento a los Estados para que vayan más allá de las declaraciones de preocupación, impongan una prohibición total del suministro de armas, equipos y servicios militares y de seguridad que puedan utilizarse para perpetuar el bloqueo o interrumpir las labores de ayuda humanitaria, suspendan las formas de cooperación que contribuyan a la continuación de las violaciones, impongan sanciones selectivas a los responsables y trabajen para implementar las órdenes de la Corte Internacional de Justicia y apoyar las investigaciones de la Corte Penal Internacional, en lugar de brindar protección política a los funcionarios israelíes.
En concreto, el Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos instó a las autoridades de ocupación israelíes a que levantaran de inmediato e incondicionalmente todas las restricciones a la entrada de camiones nuevos, repuestos, neumáticos, aceites, baterías, combustible, equipos de mantenimiento y diagnóstico, grúas y generadores eléctricos, y a que permitieran a los sectores privado y humanitario introducir una flota de transporte que satisfaga las necesidades reales de la población.
También pidió la apertura de todos los pasos fronterizos terrestres a los flujos humanitarios y comerciales regulares, su funcionamiento según horarios claros y anunciados, el fin de las restricciones cuantitativas y los procedimientos de inspección arbitrarios, el establecimiento de un plazo límite vinculante para la inspección y el despacho, y la publicación de datos diarios detallados sobre el número de camiones, sus cargas y las horas de entrada y llegada efectiva a sus destinos.
Pidió que se pusiera fin de inmediato a la persecución de conductores y camiones, que se garantizara su libertad de circulación dentro del sector, que se proporcionaran rutas seguras y permanentes que no se limitaran a acuerdos temporales o formales, que se revelara el paradero de los conductores detenidos, sus lugares de detención y la base legal de su arresto, la liberación inmediata de todos aquellos que no estuvieran acusados de un delito penal reconocido y que se permitiera a los detenidos comunicarse con sus familias y abogados.
Exigió la devolución de los camiones confiscados o una indemnización íntegra para sus propietarios, una investigación sobre las circunstancias de la restricción de la entrada de camiones en beneficio de los bancos israelíes y garantías de que los pasos fronterizos o los sistemas bancarios no se utilicen como medio para apoderarse de la propiedad palestina o perturbar su funcionamiento.
Hizo un llamamiento a las Naciones Unidas y a los países donantes para que financien un plan de emergencia que permita reconstruir la capacidad logística del sector, incluyendo la compra o el alquiler de camiones de reemplazo, el establecimiento de centros de mantenimiento móviles, la introducción de almacenes temporales, instalaciones de almacenamiento refrigerado y contenedores refrigerados, y el suministro de una reserva de repuestos y materiales operativos, dando prioridad a las zonas aisladas y a las cercanas a las zonas controladas por Israel.
Pidió el establecimiento de un mecanismo independiente de la ONU para supervisar el movimiento de los camiones desde el momento en que entran en el país hasta que su carga llega a la población, y para documentar los casos de retraso, rechazo, persecución o confiscación, siempre que este mecanismo no se convierta en un sustituto de la responsabilidad legal directa de Israel ni en un medio para legitimar su control ilegal sobre la ayuda.
El Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos también instó a la Corte Penal Internacional a acelerar sus investigaciones sobre todos los crímenes internacionales cometidos en la Franja de Gaza, ampliar el alcance de los enjuiciamientos para incluir a todos los responsables y emitir órdenes de arresto adicionales contra quienes existan motivos razonables para creer que son responsables. Exhortó a los Estados Partes a ejecutar las órdenes de arresto emitidas por la Corte de inmediato y sin distinción, y a abstenerse de recibir, proteger o facilitar el traslado de las personas buscadas. El Observatorio también instó a todos los Estados a activar la jurisdicción universal para investigar estos crímenes y enjuiciar a los responsables ante sus tribunales nacionales.
El Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos concluyó enfatizando que la ayuda se mide por lo que realmente llega a la población, no por la cantidad de camiones que Israel permite cruzar. Los alimentos que se quedan atascados en el paso fronterizo o se echan a perder antes de llegar a quienes los necesitan no alivian el hambre y no pueden considerarse ayuda humanitaria. El Observatorio condenó que Israel aceptara su afirmación de que facilita la ayuda en función del número de camiones que ingresan, mientras destruye los camiones que transportan su carga, impide su reparación y ataca a sus conductores. Esto hace que el proceso de entrada sea ineficaz y permite a Israel controlar la cantidad de alimentos y medicinas que llegan a la población, dónde llegan y cuándo, convirtiendo la interrupción del transporte en una herramienta directa para gestionar la privación y el hambre.
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