El Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica declaró en un comunicado de prensa que la demanda se presentó en virtud del artículo 11 del fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre sus prácticas judiciales internas, y subrayó que las medidas provisionales emitidas por la corte son vinculantes para Israel.
El ministerio añadió que los palestinos que sobrevivieron a los ataques israelíes en la Franja de Gaza se enfrentan a un trauma adicional, ya que se ven hacinados en un espacio cada vez más reducido y obligados a vivir en condiciones humanitarias insoportables.
Hizo hincapié en que Israel no había cumplido con las decisiones sobre medidas provisionales emitidas por el tribunal, y afirmó que Sudáfrica seguiría utilizando todos los medios disponibles para garantizar el cumplimiento pleno e inmediato de las decisiones de la Corte Internacional de Justicia.
Según el comunicado, las medidas provisionales tienen por objeto proteger los derechos de los palestinos garantizados por la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, y evitar la pérdida de estos derechos antes del fallo definitivo del caso.
La medida adoptada por Sudáfrica se produce en el contexto de una demanda presentada por Pretoria el 29 de diciembre de 2023 ante la Corte Internacional de Justicia, en la que acusaba a Israel de violar sus obligaciones en virtud de la Convención de las Naciones Unidas de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.
Sudáfrica pidió al tribunal que interviniera con urgencia y dictara medidas provisionales para proteger a los palestinos, dada la gravedad de la situación humanitaria en la Franja de Gaza y la magnitud de las pérdidas humanas y la destrucción causadas por la agresión israelí.
El tribunal respondió a estas demandas y dictó tres resoluciones sobre medidas provisionales los días 26 de enero, 28 de marzo y 24 de mayo de 2024.
En sus decisiones, el tribunal obligó a Israel a adoptar todas las medidas a su alcance para prevenir la comisión de los actos estipulados en el artículo II de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, y a adoptar medidas para prevenir la comisión de actos de genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza.
Sudáfrica sigue basándose en estas decisiones para exigir que Israel cumpla con sus obligaciones legales, mientras que Pretoria afirma que los acontecimientos sobre el terreno indican que las violaciones continúan a pesar de las órdenes judiciales.
Desde que entró en vigor el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza el 10 de octubre de 2025, aproximadamente 1.316 ciudadanos han muerto y más de 4.361 han resultado heridos, mientras que los equipos de rescate han recuperado 815 cadáveres de entre los escombros, según las cifras recogidas en el comunicado.
Desde el inicio de la agresión israelí contra la Franja de Gaza el 7 de octubre de 2023, 73.452 ciudadanos han muerto y otros 174.472 han resultado heridos, mientras que la destrucción ha afectado a cerca del 90% de la infraestructura civil en la Franja.
Las Naciones Unidas estimaron que el costo de reconstruir la Franja de Gaza ascendería a unos 70.000 millones de dólares, dada la magnitud de la destrucción de viviendas, instalaciones civiles, infraestructuras y servicios básicos.
El caso de Sudáfrica se fundamenta en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, que obliga a los Estados partes a adoptar medidas para prevenir y castigar el genocidio. La presentación de Sudáfrica no constituye una resolución definitiva en el caso, sino que forma parte del proceso legal destinado a obligar a Israel a cumplir con las medidas ordenadas por el tribunal, a la espera de una decisión final sobre el fondo del asunto.
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