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El estudio explicaba que la imposición de líneas de control militar provocó una fuerte contracción del espacio geográfico disponible para la población y las actividades económicas, ya que el porcentaje de zonas restringidas y prohibidas aumentó hasta aproximadamente el 64% de la superficie total del sector, mientras que las estimaciones sobre el terreno indican que la superficie habitable real no supera el 9% de la superficie total del sector, lo que refleja una fuerte contracción espacial resultante de la ampliación del alcance de la destrucción y el descenso de la capacidad urbana en varias zonas del sector.
El estudio demostró que esta contracción espacial coincidió con un deterioro generalizado de la estructura productiva, en particular del sector agrícola, que sufrió una extensa destrucción estructural.
El estudio reveló que el sistema económico sufrió una destrucción generalizada, que afectó al 96% de las tierras cultivables y al 92% de los establecimientos económicos, lo que provocó una parálisis casi total de la estructura económica local.
El estudio indicó que la disminución de las oportunidades de empleo y el aumento del desempleo contribuyeron a la expansión de la pobreza, en un momento en que las tasas de pobreza superaban el 63% incluso antes del estallido de la guerra. La situación ya no se limita a la pobreza en su sentido tradicional, sino que se ha extendido a niveles agudos de hambruna e inseguridad alimentaria, a la luz de una disminución del consumo total en el sector de aproximadamente el 80%, lo que refleja el profundo deterioro del poder adquisitivo de las familias.
El estudio también abordó las consecuencias humanitarias y ambientales de la reducción del espacio habitable y el continuo desplazamiento forzado, señalando que al menos dos tercios de la población, aproximadamente 1,4 millones de personas, viven en cerca de mil campamentos de desplazados en condiciones de hacinamiento extremo. Esto coincidió con un marcado deterioro de los sistemas de agua, saneamiento y gestión de residuos.
El estudio concluyó que las transformaciones geoeconómicas experimentadas en la Franja de Gaza provocaron una profunda y forzada reestructuración espacial, demográfica y económica, y limitaron la capacidad de la población para explotar eficazmente la tierra y los recursos naturales. Asimismo, conllevó la destrucción generalizada del sector agrícola y la parálisis de los sectores industrial y comercial, lo que se reflejó en un aumento del desempleo y la pobreza, una creciente inseguridad alimentaria y una mayor dependencia de la ayuda exterior.
El estudio confirmó que las continuas restricciones geográficas y el control sobre el terreno agravaron la fragilidad de la estructura de desarrollo del sector, restringieron las posibilidades de recuperación económica y afianzaron un estado de dependencia estructural de la ayuda externa, lo que amenaza la sostenibilidad de la seguridad alimentaria y limita las oportunidades de recuperación a largo plazo.
El estudio propuso diversas medidas para fortalecer la resiliencia económica, entre ellas la reestructuración de la producción agrícola y ganadera dentro de la superficie terrestre existente, la expansión de la agricultura vertical y la hidroponía, la rehabilitación de pozos agrícolas y su equipamiento con sistemas de energía solar, y el establecimiento de unidades integradas de producción ganadera y avícola. Asimismo, abogó por la revitalización de los sectores industrial y comercial y el apoyo a las pequeñas empresas mediante la creación de clústeres industriales y artesanales pequeños y flexibles, el lanzamiento de programas de microfinanciación sin fines de lucro y subvenciones para la recuperación rápida, así como el desarrollo de infraestructura digital y la promoción del teletrabajo.
El estudio también recomendó ampliar los programas de empleo temporal y de "trabajo a cambio de dinero" en proyectos que requieren mucha mano de obra, como la retirada de escombros, la gestión de residuos y el reciclaje de desechos, además de desarrollar redes de seguridad social específicas, mejorar la gestión del agua y los residuos en los campamentos de desplazados, establecer unidades móviles de tratamiento y desalinización, e implementar programas integrales para combatir los roedores y las epidemias.
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