En un comunicado emitido el miércoles, la gobernación subrayó que la importancia de la decisión exige que sea el punto de partida de una acción internacional eficaz que vaya más allá de los límites de las resoluciones y recomendaciones, a fin de garantizar la protección efectiva de Al-Quds Jerusalén, detener las políticas de ocupación destinadas a alterar su carácter, identidad y patrimonio, y asegurar el respeto del derecho internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas.
Hizo hincapié en que lo que Al-Quds Jerusalén está sufriendo ya no se limita a violaciones aisladas, sino que se ha convertido en un proyecto de sustitución en toda regla basado en asentamientos, desplazamientos forzados, demolición de viviendas, confiscación de tierras y propiedades, intensificación de las incursiones en la bendita Mezquita de Al-Aqsa, restricciones a los fieles y ataques contra instituciones palestinas, en el marco de una política sistemática destinada a imponer nuevas realidades y cambiar la estructura demográfica, geográfica y cultural de la ciudad.
La gobernación advirtió que el ataque sistemático contra la identidad árabe, islámica y cristiana de Al-Quds Jerusalén, incluidos los lugares sagrados islámicos y cristianos, así como los sitios arqueológicos y patrimoniales, constituye una violación flagrante del derecho internacional y de las resoluciones de legitimidad internacional, y amenaza el singular patrimonio cultural y humano que la ciudad representa como patrimonio mundial perteneciente a toda la humanidad.
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