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La gobernación declaró en un comunicado de prensa que los planes publicados incluyen la construcción de una gran planta de tratamiento de residuos en los terrenos del pueblo, junto con la modificación del trazado del muro existente, adentrándolo aún más en territorio palestino.
Añadió que el proyecto, con sus diversos componentes, conllevará la expropiación de aproximadamente 278 dunams de tierras públicas, una superficie que supera con creces lo estipulado en planes anteriores, lo que refleja la magnitud del proyecto y sus objetivos.
Confiscación de tierras y amenazas a viviendas y granjas.
La gobernación explicó que la zona afectada incluye unas 40 casas habitadas, además de decenas de hectáreas de tierras agrícolas fértiles plantadas con olivos, cereales y hortalizas.
Hizo hincapié en que la implementación del proyecto supondría una amenaza directa para el sustento y la estabilidad social de los palestinos, así como para su derecho a permanecer en sus tierras.
Según el plan anunciado, se construirá una planta para tratar los residuos y convertirlos en energía eléctrica que se inyectará en la red eléctrica israelí, donde se procesarán grandes cantidades de diversos residuos, incluidos plásticos, papel y otros materiales inflamables.
La gobernación indicó que los orígenes del proyecto se remontan a junio de 2024, cuando el gobierno de ocupación encargó a la empresa "Eden", afiliada al municipio de ocupación en Jerusalén, la identificación de un terreno para establecer la instalación, antes de que el ministro de finanzas de la ocupación, Bezalel Smotrich, firmara en abril de 2025 una notificación para activar dos antiguas confiscaciones con el objetivo de preparar el terreno para el proyecto.
Mayores riesgos ambientales y para la salud.
La Gobernación de Al-Quds Jerusalén subrayó que el proyecto no puede considerarse un proyecto medioambiental, como afirman las autoridades de ocupación, sino que constituye parte de un sistema de asentamientos destinado a expandir el control israelí e imponer nuevas realidades sobre el terreno.
Advirtió que la construcción de una planta de tratamiento de residuos junto a comunidades residenciales palestinas provocaría un aumento de las emisiones contaminantes, los olores y los microcontaminantes, lo que repercutiría negativamente en la calidad del aire, el suelo, las aguas subterráneas y la salud pública.
Añadió que las experiencias mundiales relacionadas con las plantas de tratamiento de residuos cercanas a zonas residenciales indican un aumento de los riesgos para la salud, incluidas enfermedades respiratorias y cardiovasculares y algunos tipos de cáncer, así como posibles daños a la producción agrícola y a la seguridad alimentaria local.
Pide medidas internacionales para detener el proyecto.
Para concluir su declaración, la Gobernación de Al-Quds Jerusalén subrayó que el proyecto constituye una violación del derecho internacional humanitario y del Cuarto Convenio de Ginebra, y contradice los principios de los derechos humanos y del derecho ambiental internacional.
Hizo un llamamiento a la comunidad internacional, a las Naciones Unidas y a las organizaciones de derechos humanos y medioambientales para que tomen medidas urgentes para detener el proyecto y exigir responsabilidades a las autoridades de ocupación por sus políticas que atentan contra las tierras, el pueblo y el medio ambiente palestinos en Al-Quds la Jerusalén ocupada.
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