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Un informe publicado por la organización el martes por la noche, titulado "Palestinos desaparecidos en la Franja de Gaza durante la guerra de genocidio", explicaba que las personas desaparecidas se distribuían en cinco patrones principales, entre los que destacaban las personas cuyo paradero se desconoce y que permanecen bajo los escombros, cuyo número se estima en más de 8.100 personas que siguen atrapadas bajo los escombros de viviendas e instalaciones destruidas por los bombardeos israelíes.
El informe documentó más de 250 casos de personas desaparecidas que desaparecieron mientras se dirigían a puntos de distribución de ayuda humanitaria o en rutas de entrada para camiones, en particular aquellas asociadas con lo que se conoce como la "Fundación Humanitaria de Gaza", que está dirigida por empresas de seguridad estadounidenses.
También documentó la desaparición de más de 350 personas que cruzaron la valla de separación el 7 de octubre de 2023, sin que se disponga de información sobre su paradero hasta la fecha, ante la ausencia de datos oficiales de las autoridades de ocupación sobre su situación.
El informe señalaba que se había interrumpido la información sobre los más de 800 palestinos detenidos por las fuerzas de ocupación mientras viajaban desde el norte de la Franja de Gaza hacia el sur a través de puestos de control militares o durante operaciones terrestres llevadas a cabo por el ejército israelí dentro de la Franja.
La organización subrayó que estos incidentes representan una clara violación del derecho internacional humanitario, señalando que contradicen las disposiciones del Cuarto Convenio de Ginebra, el Protocolo Adicional I y el Convenio de 2006 para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, así como el Estatuto de Roma, que clasifica la desaparición forzada como un crimen de lesa humanidad.
Al-Dameer recalcó que las responsabilidades de la ocupación no se limitan a detener las violaciones, sino que también incluyen revelar de inmediato el paradero de los desaparecidos, entregar los restos y permitir que las organizaciones internacionales y los equipos médicos accedan a todos los lugares sin restricciones.
La organización responsabilizó plenamente a las autoridades de ocupación por el destino de las personas desaparecidas, ya que son la potencia ocupante y controlan de facto la Franja de Gaza.
En conclusión, el informe solicitó la divulgación inmediata del paradero de todas las personas desaparecidas, la liberación de los detenidos, el acceso de los equipos de rescate y forenses, la creación de una base de datos genética para ayudar a identificar a los desaparecidos, la activación de mecanismos internacionales de investigación y rendición de cuentas, y la promulgación de legislación nacional que garantice el derecho de las familias a conocer el paradero de sus seres queridos y a recibir una indemnización.
