❞alquds.news│El Centro de Estudios sobre Prisioneros de Palestina confirmó que las autoridades de ocupación israelíes han intensificado el uso de órdenes de detención administrativa contra prisioneros palestinos, en una política destinada a drenar sus vidas dentro de las prisiones sin base legal y más allá de las restricciones impuestas por el derecho internacional al uso de este procedimiento.
El director del centro, el investigador Riad Al-Ashqar, explicó en un comunicado de prensa que las autoridades de ocupación han intensificado considerablemente el uso de la política de detención administrativa desde el inicio de la guerra de exterminio en la Franja de Gaza, ya que el número de presos administrativos aumentó de unos 1.300 presos antes del 7 de octubre de 2023 a más de 3.500 presos hasta febrero de 2026, un aumento de aproximadamente el 270%.
Al-Ashqar señaló que esta escalada no ocurre de forma aleatoria, sino que se enmarca en una política sistemática destinada a mantener al mayor número posible de dirigentes y élites palestinas tras las rejas, lo que conduce al agotamiento de sus vidas, afecta su futuro y les priva de practicar su vida social con normalidad.
Señaló que la ocupación vuelve a detener a los presos liberados muchas veces y a intervalos muy cortos, y mantiene a varios de ellos en detención administrativa durante muchos años.
Señaló que la política de detención administrativa se centra en atacar a activistas y cuadros de la sociedad palestina y grupos formados, incluidos estudiantes universitarios, académicos, periodistas, líderes de trabajo social y diputados, así como mujeres, niños y ancianos.
Al-Ashqar subrayó que la detención administrativa es una de las herramientas de castigo colectivo utilizadas por la ocupación contra el pueblo palestino, debido a la ausencia de sus líderes e influenciadores, explicando que las autoridades de ocupación han emitido más de 75.000 decisiones de detención administrativa contra prisioneros palestinos desde 1967, más de la mitad de las cuales fueron decisiones de renovación para períodos adicionales de detención.
Reveló que esta política no se ha detenido desde el establecimiento de la entidad de ocupación, sino que ha experimentado fluctuaciones en su ritmo a lo largo de las décadas, ya que registró niveles elevados durante los primeros años de la ocupación, para luego disminuir gradualmente hasta alcanzar cero en 1980, antes de ser reactivada mediante decisiones que facilitaron su uso generalizado.
Añadió que el ritmo de detención administrativa se intensificó con el estallido de la primera intifada en 1987, luego disminuyó tras los Acuerdos de Oslo en 1994, antes de regresar con fuerza con la Intifada de Al-Aqsa, y luego disminuir de nuevo, para resurgir tras 2014, lo que llevó a los presos a iniciar una huelga de hambre abierta que duró 62 días consecutivos.
Señaló que, tras la guerra de exterminio en la Franja de Gaza, esta política experimentó una escalada sin precedentes, ya que el número de presos administrativos se triplicó, constituyendo aproximadamente el 35% del total de presos en las prisiones de ocupación.
Al-Ashqar explicó que el servicio de inteligencia de ocupación (Shin Bet) supervisa completamente el expediente de detención administrativa, basándose en cargos secretos que no se permiten revisar, y sin presentar acusaciones ni emitir condenas legales, lo que permite la continuación de detenciones arbitrarias por periodos que pueden extenderse durante años, basándose en sospechas e informes de seguridad, privando a los detenidos del derecho a defenderse y de las garantías mínimas de un juicio justo.
En su comunicado, el PCHR señaló que la política de detención administrativa no se limitaba a los presos adultos, sino que incluía a menores, ya que al menos 90 niños están sujetos a detención administrativa, además de 16 presas, incluida la joven de 17 años Hana Hammad, de Hebrón, cuya detención fue renovada tres veces consecutivas.
El PCHR también explicó que la ocupación no se conforma con una detención administrativa de presos, ya que vuelve a detener a miles de presos liberados tras unas semanas o meses de su liberación, y emite nuevas órdenes de detención administrativa contra ellos sin cargos, además de transferir a decenas a detención administrativa tras el término de sus condenas en lugar de liberarlos.
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